El 26 de octubre de 2017 entró en operaciones el Sistema de Videovigilancia Municipal (SIVIMUPA) del Municipio de Panamá (MUPA) para “coadyuvar con la seguridad y salvaguarda de la población del distrito de Panamá, así como la conservación y custodia de los bienes de uso público y demás bienes municipales”, con la instalación de más de 100 cámaras en unos 7 corregimientos del distrito capital. Pueblo Nuevo, Chitré y Boquete toman medidas parecidas en pro de la “seguridad pública”.
Cámaras en nuestras comunidades, ¿realmente nos protegen?
La utilización de cámaras de seguridad en espacios públicos es un tema que debe generar el interés de todos los ciudadanos.
¿El personal que hace uso de estas cámaras se encuentra capacitado en temas de privacidad y derechos humanos?, ¿conoce los límites establecidos por la ley?.
Organizaciones de la sociedad civil en otros países han presentado hallazgos sobre la manera en la que estos sistemas de videovigilancia han sido usados con otros fines, lejos de la “protección ciudadana”. Es necesario hacer énfasis en que su uso no moderado y sin orientación en los derecho fundamentales como el de la privacidad, afecta la intimidad de miles de ciudadanos que sí cumplen con las leyes.En este artículo examinaremos los principales aspectos de su utilización y dónde pueden estar nuestras “amigas de la ciudadanía”, las cámaras de videovigilancia.
Limbos jurídicos y posibles violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la información suministrada por el Municipio de Panamá, la iniciativa y entrada en funcionamiento de las cámaras demuestra que existe una baja en el índice de criminalidad y el aumento de procesados por algún delito o falta administrativa en la comuna capitalina. Sin embargo, debemos enfocarnos y mantenernos vigilantes ante los riesgos que corremos con el uso de esta tecnología; y es que hackers, empleados inescrupulosos o un gobierno irrespetuoso de los derechos humanos podrían tomar y usar esta información en contra de quienes son el objetivo de protección:los ciudadanos.
Al considerar la intimidad de los ciudadanos debemos recordar que la Constitución y los convenios internacionales protegen y garantizan la intimidad y privacidad de las personas, incluso en espacios públicos. El sistema de videovigilancia al seguir cada uno de nuestros pasos y movimientos diarios no sólo deja ver nuestras costumbres, sino por que las realizamos, en compañía de quienes las hacemos, a dónde vamos y en qué horario.
La desinformación en estos temas, puede generar inquietud e incluso, parecer que este es un tema escandaloso o alarmista, sin embargo, es momento de aprender de las experiencias de otros países que ya tienen más tiempo en la implementación de estos sistemas, y han denunciado que a partir de la instalación de estos sistemas, se ha incurrido en una violación de derechos humanos a periodistas, opositores, inclusive de ciudadanos comunes que mantienen algún tipo de relación con quienes observan estas cámaras.
¿Quienes nos observan?¿Cómo usan las imágenes?
Lo último mencionado trae a la palestra otra problemática: ¿Quienes están autorizados a vernos?, ¿Cuando lo hacen? y ¿Qué hacen con la información que recolectan?. En este sentido, el Municipio Capital, semanas después de la entrada en funcionamiento del SIVIMUPA, dictó mediante Acuerdo Municipal las medidas para uso de las imágenes recabadas en este centro, las mismas indican que solo pueden ser observadas por funcionarios municipales que por razón del servicio que prestan al municipio, requieran su utilización; además de ellos, se encuentran en el centro, funcionarios asignados por diferentes estamentos de seguridad.
Los estamentos de seguridad pueden hacer uso de las imágenes recabadas en el centro, siempre y cuando sean de su competencia. Además le da la capacidad al Municipio de publicar en redes sociales o medios de comunicación, extractos de las grabaciones del centro para desincentivar a los ciudadanos que planean cometer alguna falta o delito.
El SIVIMUPA ha iniciado operaciones con solamente 100 cámaras, sin embargo tiene una capacidad para abarcar 5000 cámaras en su totalidad. De igual forma, se ha invitado a los comerciantes a conectar sus cámaras a este sistema, para que así el MUPA pueda tener acceso a las imágenes de sus negocios para mayor seguridad de la ciudad capital.
Otras latitudes se inspiran.
La entrada en operación del SIVIMUPA inspiró a la Alcaldía de Boquete y Chitré a publicar licitaciones para colocar sistemas parecidos en lugares de interés público. En el caso de Boquete, se planea la colocación de 8 cámaras en lugares de interés turístico especificados en la licitación, además de la construcción de un centro de monitoreo, colocación de pantallas, y todo lo relacionado a la implementación del sistema por un monto de referencia de 200,000 mil dólares.
Asimismo, en Chitré, mediante contratación menor, se adjudicó el 31 de octubre de 2018 a la compañía Servicios Tácticos de Seguridad S.A., la instalación, construcción e implementacion de 5 cámaras de vigilancia y su centro de monitoreo en distintos lugares no especificados como canchas de deporte, parques y cualquier otro sitio de interés público, por un monto de 29,604.34 dólares.
Servicios Tácticos de Seguridad, S.A., no es extraña a las distintas entidades públicas y sus licitaciones. El Ministerio de Seguridad contrato a esta empresa mediante orden de compra para proveer cámaras de videovigilancia para la llegada masiva de participantes de la Jornada Mundial de la Juventud al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en enero próximo.
Servicios Tácticos de Seguridad S.A. vuelve a ser la empresa ganadora de licitación para la Adecuación de Centro de Monitoreo y Adquisición de Cámaras de Videovigilancia para el Corregimiento de Pueblo Nuevo. Este acto incluye la colocación de más de 20 cámaras de vigilancia a colocarse en lugares específicos del corregimiento, además de la construcción del centro de monitoreo, colocación de pantallas, entre otros servicios, por un monto de 209,999.59 dólares.
Videovigilancia del pasado.
La implementación de cámaras y centros de videovigilancia en el país no es nada nuevo. El gobierno del Presidente Martín Torrijos colocó más de 700 cámaras en la ciudad capital y comunidades periféricas, por un precio millonario. Aún con esta medida, la criminalidad ha seguido aumentando desde entonces.
En una próxima entrada, analizaremos de mano de expertos las características de las cámaras licitadas por cada entidad y resolveremos la interrogante de si estás, son un peligro a la privacidad de los habitantes de su jurisdicción. Igualmente examinaremos cada una de las licitaciones, sus costos y características de nuestras “amigas de la ciudadanía”, las cámaras de videovigilancia.
