Obligaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional
El artículo 29 de la Constitución de Panamá protege la correspondencia, comunicaciones privadas, documentos privados, y establece su inviolabilidad. La obtención de los entes antes protegidos sin mandato judicial impide su utilización como prueba, más responsabilidades penales.
El artículo 37 de la Constitución de Panamá consagra la libertad de expresión, sea escrito o por cualquier otro medio sin censura previa, siempre y cuando se respete la reputación y la honra de las personas o seguridad social o el orden público, sino tendrá responsabilidades legales.
El artículo 42 de la Constitución de Panamá consagra el derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados. El peticionario puede corregir y rectificar su información.
El artículo 43 de la Constitución de Panamá da derecho a acceder y solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros en manos de servidores públicos o personas privadas que presten servicios públicos. Puede promover un habeas data para garantizar este derecho (Art. 44, Constitución de Panamá).
La Ley 6 del 22 de enero de 2002 “de Acceso a la Información”, dicta normas para la transparencia en la gestión pública y los procedimientos para acceder a ella, establece la acción de Hábeas Data y la jurisdicción encargada de atender este recurso y las sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan esta ley.
La Ley 22 del 22 de junio de 2007 adopta medidas para protección de personas menores de edad con relación a la exhibición y producción de material pornográfico, obligando a los distribuidores de internet a instaurar programas y filtros para evitar el acceso de menores de edad a sitios con contenido pornográfico.
La Ley 51 del 18 de septiembre de 2009, que dicta normas para la Conservación, la Protección y el Suministro de Datos de Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones y adopta otras disposiciones protege los datos de los usuarios de las distintas compañías proveedoras de servicios de telecomunicación.
Panamá es miembro de la Alianza de Gobierno Abierto desde el año 2012, implementando diferentes planes y estrategias para mejorar su transparencia, índices de participación ciudadana y rendición de cuentas.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) elige en el 2015 a Panamá para participar de la iniciativa de Datos Abiertos.
Derechos digitales en Panamá
La Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996 regula la normativa de Telecomunicaciones en Panamá.
En Panamá se creó en el año el 2011 el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CSIRT por sus siglas en inglés), el cual se encarga prevenir e identificar ataques e incidentes de seguridad a los sistemas informáticos de la infraestructura crítica del país.
Ley No. 64 de 10 de octubre de 2012 regula el derecho de autor en Panamá.
La Ley No. 33 de 25 de abril de 2013 crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
El 12 de marzo de 2013, Panamá lanzó su Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética y Protección de Infraestructuras Críticas, la misma establece una serie de acciones para mejorar la ciberseguridad, así como proteger las infraestructuras vitales del país.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó el Convenio sobre la Ciberdelincuencia a través de la Ley 79 del 22 de octubre de 2013, que fue publicada en la Gaceta Oficial No. 27403-A del 25 de octubre del mismo año, convirtiéndose así en el segundo país latinoamericano en ratificar el Convenio de Budapest.
Panamá está en posición 91 de 180 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa realizada por Reporteros sin Fronteras, experimentando una leve mejoría en relación con el periodo 2017.
En el presente año 2018, la Asamblea Nacional aprueba en Tercer Debate el Proyecto de Ley No. 665 “ de Protección de datos personales”, el cual compila la legislación de protección de datos y establece medidas y sanciones claras para los infractores.
Parlamentarios presentan anteproyecto de Ley No. 112 “Que modifica la ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o cliente”, ley de la Asociación Panameña de Crédito, protegiendo mayormente los datos personales de los deudores y aquellos que ya han cancelado su deuda.
Economía digital
La Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es una institución gubernamental creada en 1997 para fortalecer, apoyar, inducir y promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación con el propósito de elevar el nivel de productividad, competitividad y modernización en el sector privado, el gobierno, el sector académico-investigativo, y la población en general.
El comercio electrónico en Panamá está regulado por la Ley No. 51 de 2008 y por el Decreto Ejecutivo No. 40 de 2009.
En el año 2009 se crea la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, una institución gubernamental que persigue el fomento y desarrollo de empresas estables y sostenibles, a fin de generar mayor cantidad de empleo y desarrollo económico nacional de la mano de emprendedores panameños.
En el año 2016 la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SENACYT, con el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental AIG, presenta la Estrategia para el desarrollo del Sector TIC 2025, la cual busca potenciar el Desarrollo de la Economía Digital y Respaldo a la Estrategia “Panamá Hub Digital”.
La Zona Libre de Colón, enclave del comercio panameño, reglamenta mediante resolución el comercio electrónico. En el resto del país, el comercio electrónico sigue tomando auge desde la Ley 43 del 31 de julio del 2001.
La Dirección General de Ingreso, mediante resolución de 10 de septiembre de 2018 inicia Programa de Facturación Electrónica con 43 empresas piloto a fin de que se potencien y faciliten los negocios en el comercio electrónico; la reducción en costos de impresión, distribución de facturas, digitalización, validación y almacenaje de facturas en papel; a su vez favorece las políticas de cuidado del ambiente.
La Asamblea Nacional de Panamá debate el Proyecto de Ley No. 629 “ De Modernización y Competitividad Internacional del Sistema Financiero de la República” a fin de regular las criptomonedas, entre otros temas.
Acceso a la información pública, gobierno y datos abiertos
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzan en 2017 el “Curso Básico de Ética para Servidores Públicos: una Herramienta para Combatir la Corrupción”.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información presenta los resultados de su segundo informe de Gobierno Abierto: “Informe de fin de término de Panamá 2015-2017”, incluyendo acciones realizadas en el mes de enero de 2018. De los 20 compromisos que contenía este informe, 5 se cumplieron completamente; 8 aún siguen siendo ejecutados; otros 2 se cumplieron con ciertas limitantes y los 5 restantes no se desarrollaron.
La División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA, por sus siglas en inglés), escogió a Panamá y a otros 4 países más para conformar la iniciativa Datos Abiertos. La finalidad de este proyecto es facilitar el acceso a la información de carácter público que genera el Estado, fomentando la participación ciudadana mediante el uso y reutilización de esta información en pro de la transparencia e innovación de los servicios públicos, la interoperabilidad del Gobierno y la rendición de cuentas con sujeción a las restricciones que establece la Ley.
El 6 de julio de 2018, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional (AN) acceso a la información de planillas que mantiene la entidad; esta es la tercera ocasión en que la ANTAI solicita este tipo de información a la AN, siendo ignorada o respondida vagamente. El caso reposa en la Corte Suprema de Justicia, en espera de un fallo de los Magistrados.
El Tribunal Electoral comparte a la población panameña el Pacto Ético Digital, en el que los usuarios de medios digitales se comprometen a cuidar nuestra democracia con tolerancia y respeto en las redes sociales.
El 27 de noviembre de 2018 se eligieron las seis organizaciones de la sociedad civil que formarán parte de la Comisión de Gobierno Abierto 2017-2019.
Derecho a la Libertad de expresión
La exprimera dama Marta Linares de Martinelli demanda al diario La Prensa ante los Tribunales de Familia a fin de que se les ordene a los medios de comunicación, prensa escrita, radial, redes sociales, cesar y abstenerse de divulgar o publicar situaciones de índole privado y familiar, y nombre o apellidos de un grupo familiar como parte de una campaña mediática contra los miembros de la familia Martinelli.
La Honorable Diputada Katleen Levy y otros diputados extienden quejas ante los magistrados del Tribunal Electoral por la campaña ciudadana #NoALaReelección.
Alto comisionado de la Policía Nacional demanda por daños y perjuicios al canal NexTV y a su periodista Guadalupe Castillero por dos millones de dólares americanos por entrevista emitida en sus pantallas, después de denuncia de acoso sexual en su contra.
Juez de Paz multa a ciudadano panameño por realizar comentarios en contra del Presidente Varela en la red social Twitter.
Protección de datos personales y derecho a la privacidad
La Ley No. 82 de 23 de octubre de 2013 tipifica el feminicidio y condena la violencia mediática como la utilización de mujeres en mensajes e imágenes pornográficas sin su consentimiento e invadiendo su privacidad.
Se aprueba y publica en Gaceta Oficial la Ley No. 13 de 2018, con el fin de obligar a las empresas operadoras de telefonía móvil llevar registro de los propietarios de una línea telefónica móvil.
Mujer es condenada a 270 días multas por el delito de injuria al crearse un perfil en una conocida red social para subir vídeo otra ciudadana sosteniendo relaciones sexuales.
El expresidente Ricardo Martinelli es extraditado a Panamá en junio de 2018 para responder a las causas en su contra por los delitos de inviolabilidad del secreto y violar el derecho a la intimidad, entre otros. Actualmente se encuentra detenido preventivamente en la cárcel El Renacer, después que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declinara su competencia en este proceso y se la cediera al Sistema Penal Acusatorio.
La Asamblea Nacional discute un proyecto de Ley que eliminaría en menor tiempo los datos de los consumidores morosos de la base de datos de la Asociación Panameña de Crédito.
Recomendaciones
Establecer un nuevo debate sobre la Ley de Protección de Datos Personales con mayor participación de la ciudadanía y la sociedad civil, y se incluyan aspectos como la extraterritorialidad, entre otros.
Panamá haga cumplir los convenios internacionales de los cuales es signataria, en materia de derechos digitales.
Gobierno debe promover los derechos humanos y digitales en todo el país, para tener una ciudadanía informada y consciente.
Panamá avance en temas como la regularización de las criptomonedas, el comercio electrónico, facturación electrónica, entre otros, creando leyes y regulaciones que permitan la inversión extranjera y protejan el sistema financiero nacional.
La justicia panameña debe fallar a favor de la libertad de expresión y proteger los derechos fundamentales de nuestra Constitución, como el derecho a la privacidad. Igualmente debe ser independiente en procesos contra altos funcionarios o allegados al gobierno, siguiendo el principio de inocencia.
Las diferentes instituciones del estado deben cooperar mayormente con la ANTAI en cuanto a Gobierno Abierto y Datos Abiertos, para así incrementar la transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad en el país, que incidirá en la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.
Implementar el Convenio de Budapest en su totalidad en la República de Panamá.
