El Examen Periódico Universal (EPU, en español) es la forma de examinar la situación de los Derechos Humanos (D.D.H.H., en español) en cada país miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU, en español) por parte del Consejo de Derechos Humanos de este organismo. El examen se realiza cada cinco años y cada país debe entregar un documento en el que se resuman sus avances y logros.
El Consejo examina con los datos recabados por su personal para determinar los consejos y observaciones pertinentes a cada país. Cómo resultado, se juzga si el país examinado aprueba el EPU y se le realizan recomendaciones a implementar antes de la próxima revisión. Los puntos a examinar son el cumplimiento de:
- Carta de las Naciones Unidas.
- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Los diferentes tratados, convenios o instrumentos firmados por el estado a examinar.
- Las iniciativas de derechos humanos del Estado (compromisos voluntarios)
El examen a fondo.
El país envía sus delegados a la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Es en este lugar donde durante 3 horas y media el equipo de delegados responderán las preguntas del Grupo de Trabajo, compuesto por todos los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En este ejercicio se analizan las preguntas anticipadas enviadas diez días antes al estado examinado, donde mediante un foro conversacional de preguntas y respuestas los estados miembros del Consejo realizan preguntas, observaciones y consejos. Esta sesión termina con la presentación de un documento final por parte del país examinado.
Panamá y Costa Rica en el EPU.
En el último informe nacional presentado por el Panamá en el año 2015, reconocen mejoría en ciertas recomendaciones realizadas con anterioridad. Las mejorías se presentaron en temas como independencia judicial, acceso a la justicia, impunidad judicial, derecho a la defensa, etc. En tema de género se apunta a la aprobación de una ley para la tipificación del femicidio, la trata de personas, así como la construcción de albergues para mujeres maltratadas.
Por último, el Estado panameño presenta sus compromisos voluntarios como la equiparación de edad para contraer matrimonio, adopción de una ley de protección a la niñez, construcción de albergues para víctimas de trata de personas, entre otros.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentó el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos efectuados por Panamá. Su juicio se basó en los distintos derechos y garantías fundamentales reconocidos internacionalmente aplicables a los grupos vulnerables
Al igual que la caracterización presentada en el informe y examen realizados por Panamá, Costa Rica presentó adelantos en el área de género al crearse un protocolo para el acoso, matonismo o bullying o cyberbullying en los Centros Educativos de Secundaria del Ministerio de Educación Pública. También la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebró los esfuerzos graduales para eliminar el delito de difamación, en particular la modificación introducida en 2013 en la Ley de delitos informáticos para eliminar la pena de prisión por la divulgación de lo que se considerasen informaciones secretas políticas. La UNESCO alentó a Costa Rica a que promulgase una ley sobre la libertad de información que estuviese en consonancia con las normas internacionales.
Guatemala, El Salvador y Nicaragua en el EPU.
La UNESCO instó a Guatemala a que despenalizara la difamación y considerara la posibilidad de aprovechar el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad como medio de reforzar la protección de los periodistas y la libertad de expresión.
El Salvador ha adoptado nuevas herramientas jurídicas para combatir el delito, luchar contra la corrupción y promover la transparencia. Las herramientas adoptadas son: Ley Especial para la Intervención (2010) y la Ley de Acceso a la Información Pública (2010).
La lucha contra la violencia hacia la mujer es una política de Estado en Nicaragua, cuenta con un Plan de Acción con tres objetivos: prevención, protección y atención a las víctimas; en este marco se aprobó y entró en vigencia en el 2012, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y reforma a la Ley No. 641 del Código Penal, que establece por primera vez la tipificación del delito de femicidio y otras formas de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, estos adelantos se ven empañados por la opinión de la UNESCO al resaltar que en el país la difamación sigue constituyendo un delito y llevaba implícita una sanción monetaria.
Otros artículos del Código Penal son obstáculo para un ejercicio adecuado al derecho de libertad de expresión y de información. La UNESCO alienta a Nicaragua a despenalizar la difamación y a incluirla en el Código Civil conforme a las normas internacionales.
Honduras en el examen.
Honduras por su parte, presentó destacados avances en la adecuación de los D.D.H.H. a los estándares internacionales. Cabe destacar la adicción del delito de desaparición forzada de personas a su legislación penal y la adecuación del delito de tortura a los estándares internacionales. Se creó un despacho de D.D.H.H. dentro del gobierno, una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, entre otros mecanismos.
Por su parte, la UNESCO indicó el gran número de muertes violentas de periodistas registrados en el país, haciendo difícil el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información.
Retos para la próxima evaluación.
El mundo ha cambiado muchísimo desde el año 2015 y con ello los temas a tratar en la próxima evaluación. Es evidente y preocupante la falta de opiniones, observaciones y recomendaciones sobre derechos humanos en el entorno digital formuladas en el documento presentado por el Estado panameño y la revisión realizada por el Alto Comisionado. El próximo examen para algunos países de la región tendrá como fecha mayo del 2020, recibiendo con anticipación comentarios de los distintos sectores, entre ellos la sociedad civil.
