Lunes 11 de junio de 2018, Panamá se paraliza con la llegada al país de su ex presidente. Llega extraditado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a Panamá.
Ricardo Martinelli fue acusado de delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, en las modalidades de Interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. También se le acusa del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado por sustracción o malversación y peculado de uso.
Múltiples periodistas, miembros de la sociedad civil, militantes políticos, miembros del cuerpo diplomático entre otros actores de la sociedad panameña manifestaron haber sido víctimas de pinchazos telefónicos, seguimiento a su persona y familiares, además de interceptación de mensajes de texto.
Génesis del caso.
Ricardo Martinelli fue Presidente de la República Panamá en el periodo 2009-2014. al finalizar su mandato, se juramentó como Diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), facultad otorgada a él por tratarse de un expresidente de la región. Alegando desconfianza en el nuevo gobierno y en el Órgano Judicial, se autoexilia en Estados Unidos.
El nuevo gobierno realiza investigaciones y denuncias ante las autoridades judiciales por diferentes delitos, entre esos la supuesta comisión de interceptación de llamadas telefónicas sin autorización judicial.
Por su condición de Diputado en posesión de inmunidad parlamentaria, le correspondió a la Corte Suprema de Justicia nombrar un Magistrado Fiscal que iniciara las investigaciones. El 9 de octubre de 2015 fue sustentado en una audiencia de acusación la supuesta participación del ex presidente en diversos delitos. Al no encontrarse en esta audiencia, fue declarado en ” rebeldía”, ordenándose su detención y posterior pedido de extradición a las autoridades estadounidenses por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
El exmandatario renuncia a su condición de diputado del PARLACEN, por lo que el Pleno de la Corte Suprema remite la investigación a la justicia ordinaria.
Análisis del caso.
En la sentencia No. 136 del Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá se recogen las actuaciones de la defensa, del Ministerio Público y los querellantes. El sistema procesal panameño divide el proceso en tres fases: la fase de investigación (desde la querella hasta el cierre de la investigación), la etapa intermedia o preparatoria (desde la acusación hasta el auto de apertura de juicio) ante un juez de garantías, y la fase de juicio oral (desde que se recibe el auto de apertura hasta que se dicta la sentencia).
Primero se presentaron los hechos. Según información de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Delincuencia Organizada, desde el año 2012 a 2014 el Consejo de Seguridad Nacional mediante órdenes del Presidente Martinelli interceptó, intervino, y obtuvo ilícitamente las comunicaciones de correos electrónicos, tarjetas de memorias, agendas confidenciales y personales de teléfonos celulares y fijos, de fotografías; además de la práctica de vigilancia y seguimiento.
La sentencia explica claramente que estos hechos son contrarios a lo establecido en la Constitución Nacional, la cual en su artículo 29 eleva a nivel constitucional la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, siempre y cuando no exista mandato de autoridad competente. Igualmente se mencionan los tratados, convenios y declaraciones internacionales suscritas por Panamá contrarias a la violación de la privacidad.
El Consejo de Seguridad (CSN) es un ente adscrito a la Presidencia de la República, su jefe es el presidente y fue creado mediante Decreto Ejecutivo promulgado por el mismo Martinelli. La Fiscalía afirma que posterior a la pérdida en las elecciones generales del candidato a presidente del partido del entonces gobernante Martinelli sustrajó el equipo de las oficinas del CSN y se trasladaron a un lugar privado.
Todo lo anteriormente señalado crea una duda razonable por lo que las autoridades panameñas inician las investigaciones e imputan al expresidente.
Pruebas.
El Ministerio Público presentó inicialmente 73 pruebas testimoniales, 47 documentales y 5 periciales.
Testimonios de diferentes colaboradores del CSN explicaron cómo inicialmente laboraban desde el edificio 88 en las áreas revertidas cuando por razones de remodelación son mudados al edificio 150. Testigos mencionan diferentes sistemas de inteligencia y espionaje que infectan computadoras, entre otras acciones contra la privacidad de los usuarios. Estos mismos testigos afirman haber recibido capacitaciones en oficinas de la familia presidencial. Por último describen cómo tras perder las elecciones se les dieron instrucciones de desaparecer los equipos de espionaje.
Los testigos también aportaron luces sobre la velocidad del internet contratado, que empresa fue contratada y quienes lo instalaron; el uso de los diferentes muebles y mobiliario de oficina y la existencia de los mismos.
Sentencia.
Sin embargo, las inconsistencias entre los testimonios, la ausencia de mayores elementos de prueba y el no acatamiento de la normativa que regula la actividad probatoria llevan a los jueces a considerar que el Ministerio Público no logró acreditar su Teoría del Caso.
El Tribunal de Juicio decidió que el señor Ricardo Martinelli era no responsable de los hechos por lo que ordenó el levantamiento de medidas cautelares.
El equipo de la defensa del ex mandatario ha expresado en medios de comunicación su intención de demandar al Estado panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones judiciales. Inclusive el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas determinó que la privación de libertad del ex gobernante fue arbitraria; para reparar los daños, recomienda indemnizar e investigar a los causantes.
Sin importar la sentencia, diversos sectores de la población opinan que sí existieron los equipos de espionaje. También se mantiene la opinión general sobre las supuestas instrucciones presidenciales para perseguir a sus adversarios. Lo cierto es que la privacidad es cada vez más frágil y la sociedad panameña espera el momento preciso para conocer la verdad.
