Escrito por: Ana Catalina Montenegro – Asistente de Políticas Públicas en IPANDETEC
Durante estos días las votaciones electrónicas volvieron a surgir en el debate público en Costa Rica. Varios diputados de la comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dictaminaron la ley N.° 23.591 propuesta por el diputado Alexander Barrantes Chacón del Partido Progreso Social Democrático. Esta plantea la implementación del voto electrónico (desde la casa), siendo así una reforma al artículo 169 del código electoral:
Se votará en la forma y con los medios que para cada elección establezca el TSE, en el reglamento que dictará por lo menos con seis meses de anticipación. No obstante, el Tribunal deberá emplear medios digitales de votación confiables y seguros, además del uso de papeletas. Podrá prescindir de las papeletas y los procedimientos inherentes a su uso, aunque siempre deberá garantizarse un registro que sirva para auditar la votación digital. El reglamento indicado no podrá ser variado en ninguna forma dentro de los seis meses anteriores a la elección. La elaboración y proyecto final de este reglamento, así como sus modificaciones y actualizaciones deberán ser puestos en conocimiento de los partidos políticos con antelación a su publicación.
Sin embargo, esta reforma, según el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, sería considerada anticonstitucional. Considerando que todo voto debe realizarse en presencia de un funcionario del TSE. Aunque las votaciones en el extranjero con computadoras se llevan a cabo en las embajadas, y aunque el voto es secreto, se realiza en presencia de un delegado. Al votar electrónicamente desde la casa, esta presencialidad no se cumple. No obstante, Costa Rica no es el único país que ha enfrentado complicaciones en el proceso de implementar nuevas tecnologías en áreas políticas.
En la actualidad podemos observar como la tecnología ha impactado varias aristas de la vida cotidiana, esto incluye el ámbito político, donde la gobernanza digital emerge como un elemento esencial para los Estados. Su implementación no solo garantiza el derecho fundamental a la accesibilidad y la transparencia, sino que también representa un paso crucial hacia una gestión más eficiente y participativa.
Sin embargo, es importante señalar que no todas las áreas políticas han avanzado al mismo ritmo. Algunas ramas más tradicionales enfrentan dificultades en su transición hacia el espacio digital. Un ejemplo claro lo encontramos en el derecho al sufragio, donde persisten desafíos significativos en la adopción de tecnologías modernas.
Numerosos países que han procurado implementar estas prácticas se han enfrentado a diversos obstáculos, que van desde desafíos técnicos en sus sistemas hasta aspectos relacionados con la percepción y la participación ciudadana. En el contexto centroamericano, hasta la fecha, únicamente El Salvador ha llevado a cabo un proceso de votación en línea.
El sistema de votaciones en línea de El Salvador consistía en un link en línea que refería a los votantes a un formulario, para ingresar debían digitar su Documento Único de Identidad, y por medio de la cámara integrada al dispositivo (teléfono o computadora) mostrar el documento de identidad físico por ambas partes, seguidamente el sistema confirmaba a la persona por medio de un proceso biométrico, usando la cámara se comparaba el rostro de la persona en tiempo real con la identificación que se había ingresado. Este proceso de identificación buscaba garantizar la autenticidad del voto.
A pesar, de sus esfuerzos por modernizar este proceso y permitir a más salvadoreños residentes en el extranjero ejercer su derecho al voto, estas elecciones se vieron opacadas por la implementación de un sistema digital inestable, ataques cibernéticos, incumplimientos con las fechas por parte del Tribunal Supremo electoral y malas prácticas. Esto repercutió en una segunda ronda de votaciones para las elecciones de diputados, la cual se dio de manera “offline”.
Además de lo expuesto, se destaca la inclusión de las votaciones electrónicas en Panamá para 2024, las cuales se realizarían de forma offline, requiriendo la presencia física de los votantes en los centros de votación. Sin embargo, el 5 de mayo el Tribunal Electoral suspendió esta forma de votación.
A diferencia del enfoque totalmente electrónico de El Salvador, este método implicaba una menor exposición a vulnerabilidades cibernéticas como la manipulación de datos, ataques informáticos, fallos técnicos y falta de transparencia en el proceso. La centralización de datos en un sistema de votación electrónica presenta desafíos significativos en términos de seguridad y protección de datos, aspectos cruciales para garantizar la integridad y legitimidad del proceso electoral.
