Escrito por: Jessica Bárcenas – Asistente de Políticas Públicas en IPANDETEC
Para enero del 2023, más de 27 millones de personas en Centroamérica eran usuarios en redes sociales (DataReportal, 2023). Lo cual equivaldría aproximadamente a la población de un país como Australia; todo un colectivo que comparte, opina, genera diálogo y asimismo participación ciudadana.
Las plataformas digitales como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube y LinkedIn han transformando el panorama de la libertad de expresión. En un entorno digitalizado, se democratizó el acceso a la discusión pública, permitiendo que cualquier individuo tenga voz y pueda influir en el debate político sin necesidad de tener una curul.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, regula:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (Subrayado propio).
Sin embargo, aunque se pueden mencionar más artículos de diferentes convenciones y pactos, la reacción de los gobiernos ante la opinión pública, no ha sido recibida de la manera en como debe de ser, sino en la manera en la que ellos desean aprobar la libertad de expresión. En junio de 2023 en Costa Rica, la Sala Constitucional, condenó con el número de sentencia 2023-14320, a la Municipalidad de Alajuela por restringir comentarios con fotos e imágenes a los usuarios desde la cuenta de la Municipalidad de Alajuela en la red social de Facebook. La Sala Constitucional consideró en esta ocasión que ”(…) la decisión de impedir la publicación de imágenes en los comentarios de la página de Facebook de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela resulta en una suerte de censura previa para los usuarios de esta red social, contraria al parámetro de constitucionalidad y convencionalidad”.
En el caso del El Salvador, el panorama preocupa, si bien es cierto las personas pueden decidir en qué medios informarse y corroborar hechos, los bloqueos a cuentas en Twitter de periodistas en cuentas oficiales del Gobierno, ha evitado que la población ejerza su derecho de libertad de expresión y derecho a la información. Sin embargo, mientras silencian a unos, el panorama se vuelve esperanzador para otros, como sucede en el caso de Guatemala. En el mes de enero el Presidente Arévalo, reafirmó su compromiso con la libertad de expresión al ordenar que se desbloquearán a usuarios de las plataformas sociales, que habían sido censurados durante la gestión del ex mandatario Giammattei por críticas y descontento durante la gestión de dicho gobierno.
A pesar de que, no muchos ciudadanos ven relevante el bloqueo de una cuenta en redes sociales, el hecho de que todos los Presidentes centroamericanos posean una cuenta activa y emitan comunicados por medio de ella, posiciona muchas redes sociales como espacio de influencia y medio político. Entre muchos ejemplos se encuentran los posteos en la plataforma X, donde Bukele ordenaba a instituciones públicas la destitución de funcionarios, con explicaciones claras del motivo, sin que un papel o sesión en la Asamblea, fuera necesario.
La dificultad de este y muchos casos, surge al analizar, que con solo un clic en el botón bloquear, cerramos la puerta a una discusión con la cual muchos o pocos ciudadanos podrán sentirse identificados y generar política pública e ideas que permitan mejorar los espacios sociales, sin embargo, no es así. Ante esto, surge uno de los principales problemas y es que, los gobiernos delegan la responsabilidad en las reglas de las plataformas y no ven la necesidad de crear leyes específicas para la situación del entorno digital, en el cual nos vemos inmersos.
Aunque hay avances en materia de libertad de expresión, es necesario examinar las normas prescritas. El avance en los procesos tecnológicos, donde la configuración de diferentes algoritmos o sistemas informáticos pueden llegar a bloquear y censurar diversidad de comentarios, causa preocupación. Sin embargo, la tecnología avanza, pero las normas que conllevan la libertad de expresión retroceden en la región centroamericana en la mayoría de casos.
