El lunes 24 de junio del año en curso, Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron un ‘‘Acuerdo de cooperación biométrica’’ para la identificación de criminales en la región. Este acuerdo prioriza el intercambio de información almacenada en la base de datos del sistema automatizado de identificación biométrica de cada país, por el cual se podrán realizar consultas inmediatas y la comparación automática de huellas dactilares. Este acuerdo cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el embajador Tobin Bradley estuvo presente en la ratificación del mismo, y manifestó el apoyo por parte de Estados Unidos en la implementación del mismo.
Las autoridades de los tres países han argumentado que el acuerdo tiene como objeto garantizar la protección de los ciudadanos de estos países, y contrarrestar cualquier actividad ilícita que amenace la seguridad regional. Sin embargo, el acuerdo no se encuentra público, las autoridades no definieron que constituye una actividad ilícita y qué se considera como amenaza hacia la seguridad regional, lo cual genera preocupaciones sobre la transparencia y claridad de políticas acordadas.
Este tipo de convenios son preocupantes debido al contexto migratorio que enfrenta Centroamérica, siendo una de las principales rutas con mayor tránsito hacia Estados Unidos. Guatemala, El Salvador y Honduras se ven afectados por condiciones que generan migración forzosa, como: violencia delictiva, violencia contra las mujeres, inseguridad alimentaria o el impacto de desastres naturales, lo cual sido documentado.
Guatemala, Honduras y El Salvador tampoco cuentan con leyes específicas que regulen la protección de datos personales y específicamente datos sensibles, como lo son los datos biométricos. La falta de regulación sobre el tema no permite a las personas ejercer derechos básicos como el de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) sobre el tratamiento de sus datos personales, ni cuentan con garantías mínimas para el procesamiento transfronterizo de sus datos personales y sensibles.
No es la primera vez que Guatemala, El Salvador y Honduras firman este tipo de acuerdos. Por ejemplo, desde el año 2014, Guatemala, Honduras y El Salvador mantienen acuerdos no vinculantes con Estados Unidos para el tratamiento transfronterizo de datos biométricos y otros datos personales de personas migrantes. Además, años después, durante 2019, los tres países mencionados firmaron acuerdos con Estados Unidos como ‘’Convenio sobre el programa para intercambiar datos biométricos’’ estos con el fin hipotético de “fortalecer la seguridad fronteriza a través del intercambio de información’’.
A raíz de estos acuerdos, el Instituto Guatemalteco de Migración, recibió el 5 de febrero a autoridades de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos. Durante esta reunión se abordaron temas como ‘’el fortalecimiento de las delegaciones migratorias terrestres a través del uso de sistemas biométricos’’, además de la donación de software para análisis estadístico para ‘’la toma de decisiones’’.
Durante el año 2023, varias organizaciones locales y regionales realizaron solicitudes de acceso a la información pública en estos países y no obtuvieron respuesta en razón de ‘’seguridad nacional, confidencialidad o información reservada’’, lo cual limita el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas a las cuales se encuentran obligados los gobiernos por principio.
Distintas organizaciones se han pronunciado al respecto, manifestando preocupación y a su vez exigiendo la terminación de los acuerdos que permiten el tratamiento transfronterizo de datos biométricos de personas migrantes. Esto permite violaciones a su privacidad y a la de quienes se encuentran en tránsito.
Además, teniendo en cuenta los convenios que se han firmado en el pasado por estos países, se desconoce sobre su efectividad, y si los objetivos que la medida persigue son proporcionales a los derechos afectados, como el derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa. No hay datos públicos que demuestren si el objetivo perseguido ha sido alcanzado, si estos acuerdos han reducido actividades ilícitas y protegido a los ciudadanos como se ha mencionado.
La falta de transparencia y garantías sobre el uso y protección de los datos biométricos de los ciudadanos es preocupante en este contexto migratorio. La dependencia en sistemas automatizados o semi automatizados para la identificación de criminales podría llevar a errores o discriminación y a la violación de derechos fundamentales, especialmente hacia grupos que históricamente han estado en una posición de riesgo, como los migrantes, esto ha sido enfatizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por lo cual, se recomienda a las autoridades de cada país evaluar sus políticas y terminar con este tipo de acuerdos que vulneran derechos fundamentales y humanos.
