El día 20 de febrero, las organizaciones European Digital Rights (EDRi), Electronic Frontier Foundation (EFF) y otros miembros de la sociedad civil alrededor del mundo, respondieron a la Consulta Pública sobre el Segundo Protocolo del Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia (mejor conocido como Convenio de Budapest).
La modificaciones al Protocolo tiene como principal objetivo el establecimiento de normas internacionales para el acceso transfronterizo de datos de carácter personal a las autoridades de policía de los países miembros del Consejo de Europa. El Comité para la Convención sobre Ciberdelincuencia ha solicitado contribuciones a toda las partes interesadas en el mismo y en particular sobre las disposiciones relativas a la asistencia mutua en el caso de emergencias, así como los idiomas en que se utilizarán dichas solicitudes. Las Partes signatarias del Convenio deberán adoptar el Segundo Protocolo a más tardar en el mes de diciembre del año 2019.
EDRi y EFF han coordinado la presentación de las contribuciones conjunta de organizaciones de la sociedad civil para garantizar que dichos procedimientos de emergencia no se utilicen para eludir las garantías legales que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos en el contexto del acceso transfronterizo a los datos de carácter personal. Nuestra presentación también defiende el derecho a un recurso efectivo al exigir que la solicitud se traduzca al idioma de la persona cuyos datos se están buscando, para que pueda impugnar la correspondiente medida.
Panamá fue el primer país de Centroamérica y el segundo en América Latina y el Caribe en suscribir el Convenio de Budapest en el año 2013 y hacerlo Ley de la República en el año 2013, pero a la fecha no ha adaptado la legislación del país en la materia.
