La prensa y medios de comunicación independientes son necesarios en una sociedad democrática pues constituyen una herramienta vital para mantener la rendición de cuentas, promover la transparencia, fomentar el debate, la diversidad de opiniones, y garantizar el acceso a la información para todos los ciudadanos.
La libertad de prensa es una manifestación específica de la libertad de expresión. La libertad de expresión abarca el derecho de todas las personas a expresar sus ideas, opiniones y pensamientos, sin censura ni interferencia indebida por parte del Estado u otros actores. La libertad de prensa, por su parte, se refiere al derecho de los medios de comunicación y los periodistas a investigar, recopilar información, publicar y difundir noticias e ideas de interés público. La libertad de prensa es una forma de ejercer de la libertad de expresión.
Sin embargo, ejercer el periodismo en la región presenta desafíos significativos en términos de libertad de prensa y seguridad de los periodistas. Aunque hay diferencias entre países de la región, existen problemas comunes que afectan el ejercicio del periodismo independiente y la libre expresión.
Durante los últimos años, se han producido cierres de medios de comunicación independientes en Nicaragua. Uno de los casos más renombrados fue el periódico “La Prensa” este dejo de circular su edición impresa, uno de los diarios más antiguos y prestigiosos del país, en agosto de 2021. Además, otros medios independientes han enfrentado múltiples presiones y amenazas que han dificultado su labor informativa.
El Faro, es un medio de comunicación digital con sede en El Salvador, reconocido por su periodismo de investigación y su cobertura en temas políticos respecto al gobierno de turno, sociales y de derechos humanos en Centroamérica. A lo largo de su trayectoria, El Faro ha destacado por su independencia y por abordar temas sensibles y controvertidos.
Sin embargo, el medio también ha enfrentado acciones que menoscaban la libertad de expresión y de prensa. Entre las acciones que menoscaban se encuentra la negatoria del permiso de trabajo y residencia temporal al editor y periodista mexicano de El Faro Daniel Lizárraga y el reciente caso de 22 periodistas e integrantes del medio que fueron espiados con el spyware ‘’Pegasus’’ por ejercer su labor.
En Panamá se han reportado casos de intimidación y censura contra medios independientes. Durante el 2020 se secuestraron acciones y cuentas bancarias del diario La Prensa’’ a solicitud del expresidente Ernesto Pérez Balladares. El expresidente se querelló hace algunos años contra el periódico por publicaciones donde se le vinculaba con actos de corrupción y blanqueo de capitales.
Además, tras la aprobación de la Ley 81 de Protección de Datos Personales en el 2019 y la reglamentación de la ley en 2021, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) multó a ‘’La Prensa’’ por publicar una foto del funcionario público Benicio Robinson. La ANTAI extendió la multa por no haberse obtenido previamente el ‘’consentimiento inequívoco, expreso e informado’’ de Robinson, pese a que su comportamiento y actividades como funcionario público son de interés público y no debe censurarse por ello.
Guatemala, no ajeno al contexto de la región, también enfrenta desafíos y amenazas en cuanto a la libertad de expresión y de prensa, y un caso que ejemplifica la situación es el proceso del Periodista José Rubén Zamora y el medio periodístico ‘’elPeriódico’’.
A partir de febrero de 2003 periodistas de elPeriódico, entre ellos el periodista y presidente del medio, José Rubén Zamora, recibieron amenazas a causa del ejercicio de su trabajo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en consecuencia de la situación otorgó medidas cautelares a favor al periodista Zamora desde el 2003. A su vez, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las personas beneficiarias.
El 29 de julio de 2022 fue detenido en su residencia, y las oficinas de elPeriódico fueron allanadas. El Fiscal del Ministerio Público argumentó que su detención se debía a denuncia por lavado de dinero. Zamora fue trasladado a la cárcel Mariscal Zavala. Zamora fue acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
El proceso estuvo lleno de irregularidades, vulneraciones a las garantías del debido proceso, abuso de prisión preventiva. Además, Zamora tuvo que recurrir al cambio de abogado, que ejercería su defensa, en múltiples ocasiones. El pasado 14 de junio del año en curso, fue condenado a 6 años de cárcel y a pagar una multa de US$40,000.00, por el delito de lavado de dinero. Fue absuelto de las acusaciones de chantaje y tráfico de influencias, delitos de los que le acusaba la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público. Los delitos que se le atribuían de chantaje y tráfico de influencias no pudieron ser probados, y por lo tanto fue absuelto de los mismos.
Aunado al proceso, el Periódico dejó de circular su edición impresa el 1 de diciembre de 2022, despidió al 80% del personal y el 14 de mayo de este año, anunció el fin de su edición digital y el cierre de sus operaciones. El cierre elPeriódico representa una vulneración a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, derechos íntimamente ligados.
Organizaciones internacionales se pronunciaron con preocupación por el proceso que estaba atravesando Zamora y lo que representa para la libertad de expresión, como la Sociedad interamericana de prensa, Human Rights Watch, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), entre otras.
Los ataques a la prensa y a los medios de comunicación independientes afectan negativamente la libertad de expresión y socavan los intentos de una sociedad democrática. Casos como el de La Prensa en Nicaragua, los ataques al medio El Faro en El Salvador, el secuestro de acciones y cuentas bancarias de La Prensa en Panamá y la multa al mismo medio por parte de la ANTAI, y el cierre de elPeriódico en conjunto con el proceso que enfrenta Zamora son muestras significativas de la situación que enfrenta la región referente a la libertad de expresión y de prensa.
Estos ataques afectan a su vez a la población, al restringir el acceso a información, debilitar la rendición de cuentas, limitar la diversidad de opiniones, propagar desinformación y disminuir la participación ciudadana. Una prensa libre e independiente es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que garantiza que los ciudadanos estén bien informados, participen activamente y exijan responsabilidad a sus gobernantes.
Escrito por: Silvia Calderón – Analista de políticas públicas