¿Quién avisa a las personas cuando sus datos se venden en la dark web? Un caso sobre el MICITT llega a la Sala Constitucional

En setiembre de 2026, un actor de amenaza ofreció a la venta en la dark web una base de datos con información de personas costarricenses y publicó muestras de esos registros. Ante las dudas sobre cómo atendió el Estado este incidente, José Bernave Sánchez Pérez, analista de ciberseguridad y perito informático forense de 4i FORENSICS, presentó el 5 de octubre una solicitud de información pública al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).



La exposición de información en la dark web no solo representa un riesgo para la privacidad de las personas, sino que también plantea interrogantes sobre la respuesta institucional ante este tipo de incidentes.
El caso ha generado interrogantes sobre la actuación de las autoridades, la protección de los datos personales y el derecho de las personas a conocer si su información fue comprometida.

Versiones contradictorias sobre la actuación del MICITT

El caso tomó relevancia por las versiones contradictorias del propio Ministerio. El 29 de setiembre, en el programa radiofónico Nuestra Voz, la ministra Paula Bogantes afirmó que el MICITT tenía en su poder la base de datos y que esta había sido comprada al atacante. Según La Nación, también señaló que no consideraba útil avisar a las personas una por una porque eso podría «crear algún tipo de histeria».

Días después, el MICITT aclaró a CR Hoy que esas declaraciones no significaban que el Ministerio hubiera comprado la base en la dark web ni que dispusiera de la totalidad de la información. Además, se negó a revelar quién había negociado con el ciberatacante.

Más adelante, el viceministro Alonso Zeledón contradijo a la ministra. Los oficios oficiales del MICITT, incluido uno firmado por la propia ministra, sostienen que el Ministerio no compró ni recibió la base de datos de la dark web y que únicamente obtuvo las muestras expuestas públicamente.

La dark web y los vacíos en la respuesta del MICITT

En su respuesta a la solicitud de Sánchez Pérez, emitida el 19 de octubre mediante el oficio MICITT-OF-1340-2026, el MICITT reiteró esa versión.

La circulación de información personal en la dark web puede aumentar los riesgos de fraude, suplantación de identidad y otros usos indebidos de los datos expuestos.

Sin embargo, la respuesta también dejó en evidencia varios vacíos que generan preocupación desde la perspectiva de los derechos digitales:

1. Reconocimiento de datos sensibles

El propio Ministerio reconoce que las muestras contienen datos sensibles, de acuerdo con la Ley N.° 8968.

2. Origen de los datos sin determinar

El MICITT afirma que no ha determinado de forma concluyente de qué institución o sistema provienen los datos. También indicó que no ordenó una auditoría de seguridad ni un peritaje forense en la entidad de origen.

Sin embargo, desde el 23 de setiembre se informó que las autoridades ya habían identificado al atacante, conocido como «Jarol1488». El propio actor afirmó haber comprometido una agencia de informes crediticios, y la ministra anunció que el MICITT contactaría al buró de crédito.

3. Falta de notificación a las personas afectadas

El Reglamento a la Ley N.° 8968 obliga al responsable de la base de datos a informar a sus titulares en un plazo de cinco días hábiles.

Como ese responsable no ha sido identificado, en la práctica ninguna entidad está cumpliendo esa obligación.

4. Imposibilidad de verificar si los datos fueron expuestos

El MICITT indicó que no puede confirmar si los datos de una persona específica están incluidos en la información comprometida.

Esto deja a las personas afectadas sin una vía para verificar si su información personal fue expuesta.

5. Falta de coordinación con el sistema financiero

No existe un protocolo de coordinación con la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ni con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) para atender filtraciones masivas, a pesar de que este tipo de datos puede facilitar fraudes y suplantaciones de identidad.

6. Ausencia de una política sobre pagos o adquisición de información

No existe una política, directriz o lineamiento del MICITT que prohíba pagar o adquirir información de actores de amenaza.

Esta ausencia es difícil de conciliar con los compromisos que Costa Rica asumió al adherirse al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (Ley N.° 9452), que obliga a los Estados Parte a sancionar la complicidad en los delitos informáticos y a cooperar en su persecución.

El caso llega a la Sala Constitucional

Además de los vacíos señalados, la respuesta del MICITT no se pronunció sobre los cinco grupos de documentos solicitados y reservó en su totalidad el oficio que el Ministerio envió a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), sin entregar una versión pública.

Este caso evidencia que las consecuencias de una filtración en la dark web van más allá de la exposición de información: también ponen sobre la mesa la necesidad de garantizar transparencia y mecanismos de protección para las personas afectadas.

Ante esta situación, Sánchez Pérez presentó un recurso de amparo.

El 2 de noviembre de 2026, la Sala Constitucional le dio curso en el expediente 26-039195-0007-CO y ordenó a la ministra rendir un informe bajo juramento.

La dark web y la protección de los datos personales también exigen transparencia

Para IPANDETEC, este caso relacionado con la exposición de datos personales en la dark web plantea una pregunta de fondo: cuando una filtración masiva expone datos de la población y no se identifica formalmente al responsable, ¿quién garantiza el derecho de las personas a saber si sus datos fueron comprometidos?

Que se haya identificado al actor de amenaza y que existan indicios públicos sobre el posible origen de la información hace aún más necesario que el Estado avance en esa determinación.

La Ley N.° 8968 no puede quedar sin efecto por un vacío de este tipo. La transparencia sobre la actuación estatal ante incidentes de ciberseguridad también forma parte de la protección de los datos personales.

Entonces, si los datos personales de una persona terminan expuestos en la dark web, ¿quién tiene la responsabilidad de informarle y garantizar que pueda protegerse?

Fuentes consultadas

Autor: José Bernave Sánchez Pérez
Analista de ciberseguridad y perito informático forense de 4i FORENSICS.

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